El 24 de julio, en un decreto firmado por el gobernador Juan Manzur y el ministro de Seguridad Claudio Maley, se decidió pasar a retiro a 37 miembros del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Por las vacantes generadas, el martes, el director general Félix Concha, a través de una resolución, ordenó una serie de cambios en el organismo. En el artículo 4, se nombra al oficial Claudio Alejandro González como Jefe de Personal del SPP.
El funcionario promovido, que se desempeñaba como director de la Unidad 1 del penal de Villa Urquiza, es uno de los tres acusados de haber participado en el crimen del reo Sebastián Medina, el cual fue asesinado luego de que denunciara a varios guardiacárceles de comercializar drogas entre los internos. La fiscala Adriana Giannoni pidió que se enjuiciara a los guardias por homicidio doblemente agravado, pedido que fue aceptado recientemente por la jueza Carolina Ballesteros.
Además, González está siendo investigado por la Justicia Federal por una causa paralela por venta de drogas en el penal de Villa Urquiza. Semanas atrás, en un juicio oral contra otro guardicárcel que fue condenado por haber cometido ese delito, se desistió de que declarara como testigo, ya que su situación procesal se podría agravar considerablemente.
“No se trata de un ascenso sino de un cambio de actividad o función; no cambia su grado jerárquico, es una movilidad horizontal que de hecho puede llegar a entenderse como un cargo menos significativo al cual ostentaba anteriormente”, sostuvo el subsecretario de Servicios Penitenciarios, Esteban Zaracho. “Ahora integrará un área administrativa donde tendrá menos libertades, seguirá órdenes y tendrá que cumplir con lo que su superior les pida. Se debe resaltar que no es un ascenso, no está subiendo de cargo dentro del organigrama vertical del sistema penitenciario”, remarcó el funcionario.
“Es un bochorno que se le haya dado esa función. Es una situación muy grave y más porque ahora se pretende hacer creer a la sociedad que no es un ascenso. Pasó de ser director de la Unidad a 1 a manejar a todo el personal que depende del Servicio Penitenciario”, aseguró el abogado Gustavo Morales, que anticipó que podría denunciar a todos los responsables del SPP por haber aprobado esta medida.
“Más allá de que precisamente tiene antecedentes registrables, se lo está sacando del manejo de dos unidades muy importantes: la 1 y la 2, para pasarlo a una función administrativa, donde no dispone de absolutamente nada si no está habilitado por el director general o por autoridades ministeriales”, concluyó Zaracho.